Cientos personas se manifestaron este lunes en Quito contra la recién aprobada Ley Humanitaria, impulsada por el Gobierno de Lenín Moreno para paliar los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia del Covid-19.
Convocada por centrales sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores (Fut), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedout), y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (Ugte), la protesta tuvo lugar frente a la sede de la Asamblea Nacional que el pasado viernes avaló la mencionada legislación que propone una reducción de salarios, de jornadas de trabajo (hasta la mitad), contratos de emergencia de hasta 4 años y el empleador decide cuándo cada uno se va de vacaciones. A su vez, disminuye el financiamiento de instituciones de salud que son claves para la lucha contra la pandemia y exonera a quienes tienen cuentas en el exterior para pagar impuestos.
Los dirigentes sindicales quisieron expresar su rechazo a la Ley Humanitaria y otra de Finanzas respaldadas por la Cámara, que según los manifestantes, socavará entre otros sectores, el sanitario, el de la educación y a las clases más desfavorecidas.
“La Ley Humanitaria nos esclaviza”, “salud y educación son un derecho”, o “sin temor, sin pactar, protestar hasta ganar”, eran algunos de los eslóganes coreados por los participantes, que iban protegidos con mascarillas y portaban banderas de los colectivos y organizaciones que secundaron la movilización.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue uno de los principales blancos de las críticas, así como el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, al que los manifestantes pidieron su dimisión y gritaban: “Martínez, escucha, el pueblo está en la lucha”.
El diario El Comercio de Ecuador informó que “el artículo 16 de la norma establece que los trabajadores y empleadores podrán modificar las condiciones económicas de la relación laboral, tales como el salario “a fin de preservar el empleo y garantizar la estabilidad de los obreros”. No se establece el tiempo de duración que tendrá este contrato.
La Ley crea un contrato de emergencia con un plazo de duración de 2 años y que podrá ser renovado por el mismo plazo por una sola vez. La jornada puede ser parcial o completa. Es decir, de cuatro u ocho horas diarias, distribuidas en máximo seis días a la semana sin sobrepasar las ocho horas diarias. Los beneficios (fondos de reserva, etc.) serán proporcionales a las horas trabajadas.
También, por fuerza mayor se puede reducir la jornada hasta en un 50 por ciento, es decir, puede pasar de ocho a cuatro horas diarias. La remuneración deberá no ser menor al 55% de la que tenía antes de la situación de emergencia.
Ecuador es uno de los países con más infectados de América Latina y el que cuenta con la tasa de letalidad más alta por encima de Perú y Brasil. Hasta la última actualización contaba con 33.582 infectados y 2.799 fallecidos.
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