Una pelea entre internos dejó un muerto en Florencio Varela y también hubo reclamos en la Unidad penitenciaria de Junín. En tanto la Cámara de Casación Penal Bonaerense ordenó a los jueces que, de manera inmediata, se ejecuten los arrestos domiciliarios a presos de la provincia
El Covid-19 aumentó la tensión en las unidades carcelarias
Una pelea entre internos dejó un muerto en Florencio Varela y también hubo reclamos en la Unidad penitenciaria de Junín. En tanto la Cámara de Casación Penal Bonaerense ordenó a los jueces que, de manera inmediata, se ejecuten los arrestos domiciliarios a presos de la provincia
Como consecuencia de un pelea entre dos grupos de internos en una de las cárceles de Florencio Varela, uno de los detenidos resultó fallecido producto de una herida punzante.
El hecho ocurrió esta mañana en la Unidad 23 cuando por razones que se investigan internos con armas caseras (facas) se pelearon en el sector de máxima seguridad. Además de la persona fallecida hay internos con heridas leves y también personal penitenciario que ha sufrido diversas lesiones.
De inmediato, personal penitenciario ingresó para frenar la reyerta ante la absoluta imposibilidad de entablar un diálogo. Desde el Ministerio de Justicia, indicaron que se ha podido restablecer el control de la situación dándose intervención a la titular de la UFI N° 9, Roxana Giménez, y el ayudante fiscal Cristian Granados.
Mientras tanto, en Junín, el juez de Ejecución Penal, Silvio Galdeano ordenó suspender los traslados de internos al complejo penitenciario de esa localidad “mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional”.
La llegada de reclusos, provenientes de Avellaneda, La Plata y sobre todo Florencio Varela, donde se produjo un caso positivo de coronavirus, causó alarma en la comunidad carcelaria, donde se registró un intento de motín dentro de la Unidad Penitenciaria 16, ayer por la tarde.
Por otra parte, la Cámara de Casación Penal Bonaerense ordenó a los jueces que, de manera inmediata, se ejecuten los arrestos domiciliarios a presos de la provincia de Buenos Aires que configuran grupo de riesgo, en el marco de la pandemia del coronavirus y que están detenidos por haber cometido delitos leves.
El cuerpo decidió intervenir ante las denuncias de que no se estaba cumpliendo un fallo del 8 de abril, por el que se ordenó que, mientras dure la pandemia, se le otorgue el arresto domiciliario a los presos por delitos leves y que se analice la situación de otros internos.
“Haciendo saber a los jueces que deberán ejecutar inmediatamente las medidas liberatorias dispuestas de conformidad con los criterios establecidos en el presente, aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza y que deberán comunicar las mismas a las víctimas”, sostuvo el magistrado de Casación, Ricardo Borisnky, en el fallo.
La decisión se da en el marco de momentos de suma tensión en las cárceles del Servicio Penitenciario Boanerense (SPB) tras los primeros contagios de Covid-19 en unidades carcelarias.
Asimismo, en las últimas horas, los 19 defensores generales de la provincia le pidieron al gobernador la conmutación de penas para dos grupos de internos: quienes tengan condenas firmes que se vencen en el transcurso del año y quienes con condena firme tengan penas que no superen los años de prisión y que durante el 2020 cumplieron o lo hagan con el requisito de acceder a la libertad condicional.
El 8 de abril pasado la Cámara de Casación había hecho lugar a un pedido de los defensores generales y ordenado el arresto domiciliario, mientras dure el aislamiento social, de los presos detenidos por delitos leves y que son grupo de riesgo ante el coronavirus.
Además, solicitó que, en relación a los internos en situación de riesgo pero alojados por delitos graves, cada juez analice si es viable el arresto en su casa resguardando la integridad de las víctimas.
También les había encomendado a los jueces que de oficio analicen la situación de las personas bajo prisión preventiva y con los plazos cumplidos para estar detenidos sin condena. Y que hagan lo mismo si corresponde la prisión domiciliaria para los procesados y condenados que dentro de los próximos seis meses estén en condiciones de salir de la cárcel.
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